jueves 14 de noviembre de 2019 - Edición Nº344

Región | 3 jun 2019

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Juez Tapia: “Todas las medidas adoptadas para prevenir el delito tienen que ser entendidas desde una mirada democrática”

El titular del Juzgado de Garantías Nº4 de Mar del Plata dialogó con El Agonista sobre el aumento de la violencia institucional, la ley ‘antimotochorros’, la puerta giratoria, el vínculo entre la inseguridad y la crisis económica, la situación de las cárceles y la democratización de la justicia.


El tercer encuentro del Curso de Introducción a la Perspectiva de Género y Disidencias tuvo como disertante al titular del Juzgado de Garantías Nº4 de Mar del Plata, Dr. Juan Tapia. El Agonista aprovechó la oportunidad para dialogar con él sobre el aumento de la violencia institucional, la nueva ley denominada ‘antimotochorros’, la puerta giratoria, el vínculo entre el aumento de la inseguridad y la crisis económica, la situación que atraviesan las cárceles de la Provincia y la posibilidad de democratizar la justicia.

Violencia institucional

La masacre de San Miguel del Monte puso en exposición a nivel nacional el accionar de las fuerzas policiales con respecto a la ‘Doctrina Chocobar’.  Con ello, se ha conocido la alarmante cifra de 26 muertes por gatillo fácil y en comisarías y cárceles en 24 días. Consultado por El Agonista ante el aumento de la violencia institucional, el Dr. Juan Tapia sostuvo que “hay que repensar las normas y prácticas que habilitan las condiciones para que se generen esos hechos”.

Tapia remarcó las detenciones por averiguación de antecedentes –las cuales considera inconstitucionales- y las requisas colectivas a jóvenes que responden a ciertos estereotipos sin autorización judicial entendiendo que “esas prácticas se van robusteciendo, donde hay pequeños hechos de violencia institucional como el hostigamiento, el ‘verdugueo’, la imposibilidad de circular por algunas zonas de la ciudad, se generan las condiciones para que después esas conductas se materialicen en hechos más graves como torturas, vejaciones, apremios ilegales, desaparición de jóvenes o incluso un caso de gatillo fácil que termine en una muerte”.

“Cuando se potencia la discrecionalidad policial desde los discursos políticos o desde el entramado normativo se habilita a prácticas violatorias de derechos fundamentales, luego los resultados son estas muertes”, sentenció.

Ley ‘antimotochorros’

En la última sesión del 30 de mayo, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó una ley que busca reducir los crímenes cometidos por motochorros. La norma habilita a los municipios a fijar zonas y horarios en los que estará prohibida la circulación de dos ocupantes en una moto.

Ante la posibilidad de que la nueva legislación aumente los casos de violencia institucional ya mencionados, el titular de Juzgado de Garantía Nº4 opinó que “en la persecución del delito no puede haber prácticas discriminatorias sobre grupos sociales o determinados contingentes poblacionales sino que toda la persecución del delito tiene que hacerse de acuerdo a las pautas de un estado de derecho de una democracia constitucional” y que a veces “la sanción de una ley tiene un efecto tranquilizador en determinados segmentos sociales pero desde lo operativo no tiene ninguna consecuencia práctica”.

Olas delictivas y la puerta giratoria

Ante los aumentos de hechos delictivos en nuestra ciudad y la responsabilidad que, desde el ejecutivo,  se le adjudica a la Justicia por la llamada ‘puerta giratoria’, Tapia manifestó que si hay aumento de inseguridad se debe “pensar en qué políticas preventivas se desarrollan no solamente desde el gobierno nacional y provincial sino también desde los gobiernos locales que tienen una incidencia en la prevención del delito a través de distintos factores”.

Además, explicó que “en un proceso penal, durante la investigación del caso hasta que haya sentencia condenatoria firme, el imputado tiene el estado jurídico de inocencia, en consecuencia se lo debería tratar como a un inocente y por eso la libertad de ese imputado es la regla” y añadió que “la excepción está dada cuando ese imputado puede fugarse o puede obstaculizar la investigación presionando a testigos, intimidando a la víctima o destruyendo pruebas”.

La inseguridad y la crisis

Desde algunos sectores de la sociedad se vincula el aumento de hechos delictivos con la situación económica y social que atraviesa nuestro país. Tapia considera que la violencia de género o la narcocriminalidad no tienen relación con la crisis, sin embargo cree que los delitos bagatelares o contra la propiedad que no revisten violencia contra las personas “pueden tener vinculación con la pérdida del trabajo, con la ausencia y capacidad de dar respuesta a la necesidad de alimentación o con necesidades básicas económicas” y destaca que hay estudios académicos que lo han puesto de manifiesto.

Las cárceles y la finalidad de resocializar

Los estudios realizados sobre el Servicio Penitenciario en la Provincia de Buenos Aires demuestran que el hacinamiento y la sobrepoblación son dos problemáticas que atraviesan la gran mayoría de las cárceles. El objetivo de la privación de la libertad en nuestro sistema jurídico es el de reintegrar en la sociedad a las personas que cometieron un delito, sin embargo, para el Juez de Garantías “la finalidad resocializadora del castigo es una utopía”.

Tapia reveló que en promedio hay una persona muerta cada tres días dentro de las unidades penitenciarias de la Provincia, a ello se suman violaciones a derechos individuales como la dignidad o la salud –reaparición de tuberculosis- y que hay “problemas complejos y muy graves que sólo por azar o por casualidad no hace que haya tragedias aún mayores”.

La democratización de la justicia

La legitimación del Poder Judicial en los últimos años ha sido puesta en discusión más de una vez. Autoritarismo, presión política, corrupción, fallos arbitrarios, patriarcales y clasistas son algunos de los puntos que se le cuestionan al único poder del Estado que no es elegido por el voto popular.

Ante la posibilidad de democratizar la Justicia, Tapia considera que participar de audiencias orales, públicas, abiertas a la comunidad y explicar los fundamentos de la decisión a las dos partes involucradas son modificaciones de las prácticas que tienden a democratizarla. Asimismo plantea que se debe “repensar cómo se eligen sus miembros, de dónde vienen, de que extracción social, a qué ideología responden, qué intereses defienden para avanzar en un poder democrático y que respete sobre todo los derechos individuales de las personas y de las minorías”.

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